Gregorio Belaunde, consultor del Instituto del Perú

Las últimas noticias sobre aportes electorales efectuados de manera indebida han sido ya ampliamente comentadas, incluso durante la reciente CADE, con diferentes grados de mea culpa. Muchos, en nuestras élites empresariales, parecen además descubrir por fin lo que es el riesgo reputacional. Pero también sería bueno recordar hasta qué punto el financiamiento electoral empresarial, más aún si no es transparente, puede ser extremadamente peligroso, desde el punto de vista de la gestión de nuestro riesgo país de largo plazo por nuestras instituciones y por élites empresariales.

En un artículo anterior de octubre del 2015, “Los riesgos de las grandes operaciones en efectivo”, escribía lo siguiente:

Pero lo que es más grave aún, dejando de lado las posiciones ideológicas de aquellos que al contrario quieren que el Estado haga lo menos posible (mientras se quejan de la falta de los bienes públicos ya mencionados), es que la cultura de hacer grandes transacciones en efectivo es una verdadera amenaza para el desarrollo y la sostenibilidad institucional del país. Solo doy ciertos ejemplos:

• Es lo que vuelve posible el lavado del dinero por todas las formas de crimen organizado, empezando por el narcotráfico; así, el crimen organizado se va apoderando, cada vez más, de partes de la actividad económica normal.

• Es lo que facilita que potencias extranjeras de facto hostiles puedan financiar actividades subversivas o de sabotaje en el país. Por ejemplo, grupos opuestos a la inversión extranjera y a toda inversión privada por razones ideológicas pueden ser más fácilmente financiados por países que abrigan intenciones hostiles ocultas contra nuestro país.

• Y es lo que facilita la penetración del crimen organizado en la política; y acá ni siquiera es útil decir que se pondrá un tope relativamente bajo a los aportes en efectivo a campañas electorales y a partidos políticos porque lo que harían las fuerzas delincuenciales es repartir los depósitos para que estén debajo del límite.

En realidad, la posibilidad de aportar en efectivo en la política debería ser de cero, para que la UIF y otras instancias idóneas puedan investigar más fácilmente de donde viene el dinero, y que las sanciones puedan ser durísimas; acá estamos en el Perú no en Europa Occidental, y el crimen organizado es una amenaza mucho más grave para la sostenibilidad de largo plazo del país. La probabilidad de que las grandes sumas en efectivo tengan orígenes delincuenciales es mucho más alta.

En dicho artículo, y en otros, he tenido la oportunidad de recordar cómo el tema de la corrupción en el caso del Perú, que puede efectuarse también a través de diferentes formas de financiamiento electoral (para fines prácticos, si uno lo piensa bien, un candidato político o jefe de partido político se pone en posición de funcionario público aunque sea expectante) puede ser además una amenaza para la seguridad nacional.

En otro artículo de setiembre del 2017, “Corrupción y riesgo país – Toma de conciencia urgente”, volvía a tocar el tema, añadiendo el aspecto de riesgo reputacional, y aludiendo al que se podía efectuar por temor a ciertos candidatos:

Lo que me lleva a otro aspecto clave para el riesgo país: el financiamiento de las campañas electorales. En términos generales, no estaría en contra de que exista financiamiento empresarial, si se hace como en los EE.UU. de manera muy transparente; además, dejando de lado suspicacias extremas muy típicas de nuestro país, en realidad, la mayoría de empresarios no tiene en mente ventajas futuras, sencillamente buscan contribuir a que no gane alguien que les preocupa mucho, o tienen sus simpatías particulares y están en su derecho; pero en dicho país existe un Estado de Derecho digno de ese nombre. Puedo entender las reticencias de algunos a que se conozca su contribución, pues el temor a represalias posteriores “si gana el otro” está ahí, muy presente. Pero, al mismo tiempo, sin esa transparencia se deja espacio al lavado de dinero en grande. En ese caso, quizás sea mejor que ese financiamiento sea puramente público, y mediante franjas electorales obligatorias y equitativas en los medios de comunicación. A decir verdad, no creo que a muchos empresarios les haga mucha gracia enterarse de que son de facto “socios de financiamiento político” de narcotraficantes, etc., etc.

Desde entonces, mi punto de vista ha evolucionado cada vez más en esa dirección. Y lo revelado desde el 2017 y últimamente solo me puede confirmar que es la dirección correcta. Y que, más que nunca, muchos deberían entender que no vale la pena correr el riesgo de apoyar financieramente a gente con antecedentes poco recomendables que no se hubieran debido ignorar, menos aún ahora a la luz de las alianzas con los sectores más corruptos del sistema judicial y de la profesión de abogado que han ido apareciendo claramente.

Al respecto son notables la intervención de Elena Conterno en la CADE, en el sentido de que no debería existir financiamiento electoral empresarial en absoluto, y la última entrevista a Jorge Medina, expresidente de Proética, en Perú 21. Ambos adoptan, si uno las lee bien, una perspectiva que muestra consciencia de lo peligroso que el financiamiento electoral privado puede ser para nuestro riesgo país y sostenibilidad de largo plazo.

Sobre todo cuando dicho financiamiento parece favorecer desmesuradamente a candidatos “favorables a puros intereses empresariales”, lo que crea una impresión de un grupo de gente muy poco ética, por decir lo menos, que solo piensa en sus propios intereses, juntando poderes económico y político. Todo un autogol para la democracia, como también se dijo.

Solo añadiría que, a estas alturas, hasta el financiamiento privado individual del candidato por sí mismo o por su familia, o amigos, debería estar prohibido o por lo menos fuertemente limitado, con derecho para la UIF de auditarlo todo de oficio, sin ni siquiera mediar un “reporte de operación sospechosa” previo. Sencillamente porque ese supuesto financiamiento “con la suya” o “afectivo” puede muy probablemente ser, en un país como el nuestro, lavado de dinero sucio de todo tipo de actividades de crimen organizado (incluso robado al Estado por uno mismo o por parientes en gestiones anteriores) y/o coimas adelantadas, y/o coimas “post facto” disfrazadas.

Y que, esta vez, como ya lo escribieron diferentes columnistas, el cambio de comportamiento empresarial respecto de este tema y de la corrupción en general sea real, con medidas concretas y duraderas, y no solo discursos espectaculares en la emoción del momento, que la mayoría de la población no cree y de los cuales se burla (cuidado con la burbuja de ilusiones que se crea cuando se está entre pares). Creerse ese cuento de que en nuestro país no podría pasar lo mismo que en los países vecinos puede ser muy peligroso.

- Tomado de Gestion.pe, Blog Riesgos Financieros, artículo publicado el 30/11/2019