Los incendios en el Amazonas y en Australia, los huracanes, las sequías, los recurrentes fenómenos de El Niño y La Niña, y el COVID-19 nos han demostrado, de sobra, lo obsoleto del sistema financiero clásico para reducir pérdidas y asegurar ganancias. Por eso, quizás, las principales aseguradoras, fondos de inversión y países desarrollados (incluido el Green Deal o Pacto Verde de la Unión Europea) ya van tomado claras acciones frente a estos retos.

La crisis económica del 2008 enfrentó a los inversionistas a generar mecanismos que les permitan anticiparse a estos eventos disruptivos, a los cuales llamaron "Cisne Negro". Ahora la anticipación de una crisis financiera por efectos ambientales extremos, entre ellos el cambio climático, los llevó a crear en el 2020 el término “Cisne Verde” porque habían pronosticado que el sistema financiero no lo resistiría. El COVID-19 confirmó sus sospechas. La próxima amenaza ambiental pospandemia es el cambio climático.

Como respuesta anticipada los Bonos Verdes habían llegado hace rato para quedarse. Recientes anuncios dados por economías desarrolladas e instituciones financieras internacionales prevén que su demanda seguirá en aumento. En la región, México, a través de su consejo consultivo de finanzas verdes, acaba de crear un Instituto de Finanzas Sostenibles para transitar hacia un sistema financiero sostenible y resiliente. En Colombia el mercado de bonos verdes el 2018 representó más del 20% del valor total de sus emisiones. En Perú el MEF emitió sus primeros bonos verdes el 2019, COFIDE ha hecho lo propio y la Bolsa de Valores de Lima posee bonos verdes en su portafolio de inversiones.

Otro mercado emergente es el mercado regulado del carbono, el cual tiene un rol clave para asegurar la transición a un desarrollo sostenible y viene siendo diseñado, considerando los éxitos y lecciones pos-Kyoto y del mercado voluntario. Fijar un precio al carbono pasa por resolver asuntos como la doble contabilidad en la reducción de emisiones, definir o no cuotas límites para evitar que algunos países sigan aumentando sus niveles de emisiones y decidir si los bonos emitidos bajo los antiguos mecanismos de MDL ingresarán a este nuevo mercado regulado. Temas que, entre otros, vienen siendo abordados con enfoques colaborativos y no exentos de discusiones.

Mientras tanto, frente a este escenario mundial que avanza aún a paso lento pero seguro, también es importante resaltar el rol de cada Estado y así, a la fecha, existen alrededor de 30 jurisdicciones desde ciudades hasta bloques comerciales como la Unión Europea que vienen desarrollando un sistema de comercio de emisiones interno. A nivel regional, Colombia, Chile y México han fijado precios al carbono y vienen dinamizando su mercado nacional de carbono. En Chile ligados a la reconversión de la matriz energética, en Colombia ligados a los proyectos REDD+ (reducción de deforestación). El rol del sector público es esencial en materia de cambio climático. A nivel global, el Fondo Verde para el Clima sigue comprometido en destinar 100.000 millones de dólares anuales hasta el 2025 provenientes de países desarrollados para apoyar a los países en desarrollo en la transición hacia una economía baja en carbono. Sin embargo, a nivel nacional es indispensable ejercer un rol catalizador de este y otros tipos de financiamiento sostenibles.

Estos avances confirman que las crisis siempre son oportunidades de cambio. La evolución es la prueba de ello. En ese escenario, aún hay escépticos y son varios y de todo calibre, pero eso no aletarga el cambio. Al contrario, lo acelera y quizás lo agiliza y hasta nos vuelve más colaborativos como sociedad. Como vemos, además del cambio climático y las innovaciones tecnológicas, esta es una época caracterizada también por revueltas sociales y en pocos años la “generación z”, signada por valores, será nuestro principal motor de consumo.

El impacto del cambio climático es de largo plazo y es creciente; eso distorsiona los mercados en su totalidad, las cadenas de suministro, la brecha de lo informal y lo formal. Por supuesto, los más vulnerables son los que están fuera del sistema. Por ello, el cambio climático está a punto de desencadenar una gran reforma de los sistemas financieros clásicos. La agenda financiera mundial va tratando de situar, cada vez con mayor fuerza, los aspectos ambientales y sociales como un factor determinante en las perspectivas a largo plazo, con un afán de rentabilidad claro está, pero también presionados por las amenazas reales de estos impactos y por la creciente demanda social. Estamos avanzando en nuevas respuestas a nuevos retos. Necesitamos más expertos que tomen y apoyen decisiones financieras que permitan enfrentar el cambio de acuerdo a nuestra realidad particular.

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), que tiene entre sus mandatos el desarrollo del agro, la seguridad alimentaria y la gestión sostenible del suelo, el agua y el recurso forestal, debe incorporar criterios de sostenibilidad en los 2,500 millones de soles anunciados para la reactivación del sector durante el 2020 y el 2021. Si la agricultura ha sido olvidada por años tiene que ser reactivada asegurando la sostenibilidad de nuestra calidad de vida y de nuestros recursos naturales. Muchos de sus programas y desembolsos han fomentado la deforestación por años y no han estado acompañados de la asistencia técnica y la identificación de nichos de mercados que pongan en valorar los productos de nuestra extraordinaria biodiversidad. No nos hemos modernizado y cada cinco años el MINAGRI es reestructurado. La seguridad alimentaria y el desarrollo del agro son primordiales para el desarrollo de nuestro país; asegurar la sostenibilidad de los productos agrarios se debe hacer en un contexto de certificaciones, de adaptación al cambio climático con nuevas tecnologías, con uso eficiente del recurso hídrico e inclusión a la formalidad de los agricultores familiares. Es decir, se debe incorporar la agenda climática en su desarrollo. Los más vulnerables son los más pobres, y lo reconfirmamos cada año con los friajes, los huaycos, las inundaciones, las sequías y las plagas.

En esa mirada clásica, el MINAGRI aún sigue sin comprender el valor de nuestros bosques, los que están entre los diez más extensos del mundo y son un activo extraordinario que debiera situarse como un factor de competitividad para nuestra reactivación y desarrollo económico. Nuestros bosques ocupan el 60% del territorio y son la fuente del recurso hídrico sobre el que se ejecuta tanta infraestructura, descuidando su origen. Somos un país de bosques que aún no han sido vistos e integrados a nuestra identidad como peruanos. El SERFOR, la autoridad nacional del recurso forestal y de fauna silvestre, es hoy un ente sin cabeza y sin rumbo anunciado y cuya temática, los bosques, pasa desapercibida en la anunciada “Reactivación Agrícola 2020 - 2021”. Cada año perdemos miles de hectáreas por actividades agrarias migratorias y por tala ilegal, representando más del 50% de nuestras emisiones totales a la atmosfera, provenientes de la pérdida de nuestro capital natural y no del desarrollo industrial como en otras urbes.

Necesitamos decisiones claras que nos permitan insertarnos competitivamente a mercados cada vez más sostenibles y demandantes de biodiversidad. Es hora de dar el salto, adecuarse a los nuevos tiempos y tomar mejores decisiones.