Veeduría Ciudadana como mecanismo anticorrupción y transparencia

Además del escándalo de Lava Jato, de la descomposición del sistema de administración de justicia y del debilitamiento de la institucionalidad, el continuo enfrentamiento entre los poderes del Estado no solo debilita la gobernabilidad en democracia, sino además incrementa la percepción de corrupción del Perú en el exterior.

En efecto, el último reporte del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, elaborado por Transparencia Internacional, ubica a nuestro país en el puesto 105, en una medición efectuada entre 180 países, descendiendo nueve posiciones con relación al 2017, ubicándonos así en la peor posición desde el año 2012.

En la región y, concretamente, en el bloque de la Alianza del Pacífico estamos muy por debajo de Chile que ocupa el puesto 27 y, este año quedamos debajo de Colombia que se ubica en el puesto 99. Los países mejores ubicados a nivel global en el 2018 son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, Canadá y Luxemburgo. Entre los más corruptos figuran Somalia, Siria y Sudán del Sur.

Más allá de los hechos, la percepción es la aprehensión de una realidad objetiva, que nos permite captar la información del medio que nos rodea, para construir una opinión acerca, en este caso, de la magnitud de la corrupción, situación altamente sensible y, cómo no, de riesgo en una economía globalizada, sobre todo en los agentes de la producción e inversores.

Esta situación no solo deteriora la imagen de nuestro país en la comunidad internacional, sino también afecta nuestra competitividad en el comercio internacional, donde los costos de la corrupción son considerados un factor que puede influir en la toma de decisiones de los inversores extranjeros, retrasando el flujo de sustanciales capitales que se requieren para el desarrollo de nuestra infraestructura y de otros proyectos en importantes sectores de nuestra economía.

Felizmente, se perciben no solo el unánime rechazo de la población a los actos de corrupción, sino además la voluntad de las autoridades de luchar contra ese flagelo, incorporando las correspondientes reformas legislativas para una prolija investigación y severo juzgamiento de los corruptos en todos los niveles.

Hay sin duda la necesidad de reforzar el Ministerio Público y de facilitar las acciones del Poder Judicial, dictando las medidas necesarias para acelerar la descarga procesal. Se requiere una mayor acción para castigar a los corruptos en los distintos niveles de gobierno central, regional y municipal, pero asimismo en el sector privado.

Además, es importante fortalecer la institucionalidad y el balance de poderes en el gobierno del país, para favorecer el control y la fiscalización como está previsto en la Carta Magna. De igual modo, se debe evitar la impunidad que es uno de los factores que alienta la reincidencia en la corrupción.

Adicionalmente al endurecimiento de las normas para luchar contra la corrupción, se requiere para prevenirla y desterrarla como en los países de alta transparencia, mejorar la educación para la formación de un mejor ciudadano, inculcándole los valores desde la niñez.

Quizá sea bueno rescatar para incorporarla en el manual de nuestras escuelas, esa fórmula sencilla pero sabia del Incanato: Ama Sua, Ama Quella y Ama Llulla. "No Robes, No seas Ocioso y No seas Mentiroso”. Tres frases sencillas, pero que resumen toda una filosofía para una vida honesta y trasparente.

En esta cruzada contra la corrupción, PERUCÁMARAS suscribió en febrero del 2017 con las cámaras de comercio regionales asociadas un Pronunciamiento rechazando cualquier acto de corrupción, convocando a las entidades públicas y privadas y a la sociedad civil a ser partícipes de la lucha frontal contra la corrupción.

Considerando que el estado administra fondos públicos, que provienen de los tributos que pagan las empresas y los ciudadanos en su conjunto, para brindar los servicios públicos e invertir en obras que beneficien a la población, es importante la participación de la sociedad civil en el control de las Contrataciones del Estado, constituyéndose en el ejercicio de un derecho ciudadano, que consiste en conocer y tener acceso a información respecto a ¿en qué gasta el dinero el Estado?, ¿cuánto gasta?, ¿cómo gasta?

Si bien es cierto existen organismos de control, como son la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, OSCE y la Defensoría del Pueblo; la ciudadanía tiene derecho a la vigilancia, complementaria a estos mecanismos de control que el Estado aplica sobre sí mismo. Por ello, resulta necesario, hoy más que nunca, impulsar la VEEDURIA CIUDADANA para observar los procesos y vigilar como se disponen de los recursos públicos, buscando lograr mayor eficiencia y transparencia en la gestión, y administración de los mismos.

En ese sentido, es importante rescatar una antigua iniciativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y relanzar la Veeduría Ciudadana, como un mecanismo de participación social a través del cual representantes de instituciones de la sociedad civil se agrupan con el fin de hacer seguimiento, en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado, al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones de las entidades públicas. La vigilancia se puede realizar en los tres niveles de gobierno: Central, Regionales y Locales.

Las Veedurías Ciudadanas son construidas sobre la base de la voluntad explícita y formal de instituciones existentes de la sociedad civil, en este escenario las Cámaras de Comercio Regionales y Locales deben liderar esta iniciativa, convocando a los Colegios Profesionales, Organizaciones no Gubernamentales y personas u organizaciones de la sociedad civil interesadas y comprometidas con el tema Anticorrupción.

Así todos, sector público, privado y sociedad civil debemos conjugar esfuerzos para desterrar de nuestro país la corrupción a través de una participación activa y veeduría permanente, a fin de contar con obras de infraestructura eficaz, ejecutada con transparencia y garantía de calidad, que contribuyan al desarrollo del Perú.

 

Carlos Durand Chahud
Presidente de PERUCÁMARAS