Frente a la coyuntura actual, el Instituto Peruano de Economía (IPE) mantiene su estimado de que entre 50% y 55% del PBI se encontraría paralizado durante el periodo de emergencia, señaló el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Un reciente informe del IPE señala que el impacto del COVID-19 en la economía peruana recién se vería a partir del segundo y tercer trimestre del año, y afectaría principalmente a la producción, la cadena de suministro y mercado, repercutiendo en las finanzas de las empresas y en los mercados financieros.

Cabe mencionar que, de acuerdo al INEI, la economía nacional creció 3,4% en el primer bimestre del 2020. En febrero pasado, según la entidad, todos los sectores reportaron incrementos, principalmente manufactura (5,27%), minería e hidrocarburos (4,17%), comercio (2,51%), construcción (5,14%), agropecuario (3,54%), alojamiento y restaurantes (4,77%), así como transporte, almacenamiento y mensajería (3,28%).

De acuerdo al informe del IPE, las actividades del sector agropecuario continúan en operación, abasteciendo a los mercados nacional e internacional. Con respecto a las agroexportaciones, estas se han concretado, no obstante, el servicio de recaladas “Perú Feeder” del puerto de Paracas fue cancelado.

Asimismo, el IPE señala que para los meses de junio, julio y agosto (temporada de mayor demanda de mano de obra) las coordinaciones entre las autoridades y las empresas permitirán resolver las limitaciones de traslado de los trabajadores de este sector.

Destaca también el anuncio del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) de un paquete de S/ 600 millones para reactivar el agro y el acceso a créditos de bajo costo para los pequeños productores.

En el caso del sector de pesca, la captura artesanal para el consumo humano directo (CHD) se mantiene activa, mientras que la industrial ha paralizado sus operaciones. Asimismo, en algunos puertos del litoral las actividades extractivas para consumo humano indirecto han sufrido inconvenientes con autoridades locales, a pesar de la autorización del Ministerio de la Producción.

Se estima que entre el 20% y 30% de los trabajadores del sector pesquero estarían en riesgo de contraer el COVID-19, lo que limitaría la capacidad operativa del sector.

Con respecto al sector minero, según el informe del IPE, la mayoría de empresas no están operando, y solo realizan actividades administrativas o críticas para el funcionamiento de las mismas. Asimismo, algunas de estas han presentado dificultades en el abastecimiento de insumos para sus actividades.

Por ello, representantes del sector han presentado al Gobierno un protocolo de trabajo para el reinicio de sus operaciones. Consideran que, una vez culminado el estado de emergencia, la reactivación de las actividades mineras sería una de las menos riesgosas para la propagación del COVID-19 frente a otros sectores, por la naturaleza de sus labores.

En cuanto al sector de hidrocarburos, señala que en lo que va de abril la producción ha caído con relación a la primera quincena de marzo, debido a la menor demanda local de gas natural (45%), líquidos de gas natural (26%) y de petróleo crudo (9%). Asimismo, la generación eléctrica registró una caída a consecuencia de una menor demanda industrial y para vehículos.

El informe del IPE menciona que en el sector manufactura se ha reducido aproximadamente en 70% el procesamiento y conservación de pescado.

Con respecto a la producción de bienes de primera necesidad esta sea mantenido, ya que ha sido considerada de prioridad en el estado de emergencia.

Contrario a ello, la industria metalmecánica continúa paralizada, por lo que se estima que la producción tendría una fuerte caída. El sector dependerá del plan de reactivación económica del Gobierno y, en gran medida, de la inversión pública en carreteras y afines.

En cuanto al sector textil, PERUCÁMARAS advirtió que está siendo gravemente afectado debido a que se ha cancelado el 50% de los pedidos locales y del exterior. Asimismo, el emporio comercial de Gamarra habría perdido alrededor de S/ 30 millones por día.

Por su parte, la mayoría de actividades del sector construcción se mantienen paralizadas, tales como producción y despacho de cemento, ejecución de obras públicas y construcción inmobiliaria. El IPE señala que esto también ha afectado a algunas empresas de retail como la cadena Ripley, cuyas tiendas en San Juan de Lurigancho y en las ciudades de Chiclayo e Iquitos se encontraban en plena etapa de construcción. Igualmente, Falabella anunció la postergación de inversiones por casi US$ 883 millones.

El periodo de aislamiento social ha impactado fuertemente en el sector comercio. Las empresas no vinculadas a la venta de alimentos y medicinas se han enfrentado a problemas financieros, pues deben seguir cubriendo sus costos fijos (pago de alquiler, de planillas e, incluso, pago de mercadería ya adquirida). La Asociación de Centros Comerciales del Perú ha suspendido el cobro de alquileres durante el periodo de paralización. Por otra parte, el Gobierno ha alistado una serie de medidas financieras y laborales con el objetivo de viabilizar la continuidad de los negocios.

Se prevé que el impacto en el sector se prolongue por varios meses una vez concluida la cuarentana, pues los centros comerciales son potenciales puntos de propagación y contagio, por lo que estarían sujetos a restricciones en horarios y aforo, y se enfrentarían a consumidores con menor capacidad de gasto.

En este escenario, se plantea darle un mayor énfasis al comercio electrónico. La Cámara de Comercio de Lima estima un crecimiento de las ventas en línea de 50% para el mes de abril.

El informe del IPE señala que durante las tres primeras semanas del estado de emergencia el Ferrocarril Central transportó 121.5 mil toneladas de carga y los Ferrocarriles del Sur y Suroriente 42.7 mil toneladas de carga, lo cual estaría por debajo de la mitad del total trasladado durante marzo del 2019.

Finalmente, el sector de servicios en cuanto a actividades de entidades financieras, seguros y pensiones continúa operando. Por su parte, tanto el Gobierno como el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) emitieron normas para garantizar la continuidad de la prestación de servicios públicos básicos para la población vulnerable.