Para presentar los avances en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, y continuar recogiendo los aportes del sector empresarial, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara, se reunió recientemente con representantes de las Cámaras de Comercio de las regiones de Piura, Cusco, Tacna, San Martín y Lambayeque.

En sus presentaciones, la ministra ha remarcado que el documento estará dirigido a las pequeñas empresas y, principalmente, a las que operan en la informalidad. Asimismo, señaló que las reuniones en las regiones buscan involucrar a los empresarios y sociedad civil en este esfuerzo.

El Plan es un instrumento estratégico multisectorial de políticas públicas que expresa la voluntad y el compromiso del Estado peruano de proteger los derechos humanos, así como de forjar vínculos con las empresas públicas y privadas para adecuar su actividad a los estándares contemplados en los principios rectores de Naciones Unidas sobre esta materia.

La titular del Ministerio de Justicia explicó que es importante que el país cuente con este Plan debido a que, pese al crecimiento económico de las últimas décadas, aún subsisten dificultades para enfrentar con decisión la pobreza, la productividad y las desigualdades territoriales e infraestructuras deficientes, acentuado por una economía informal y la corrupción.

Señaló además que en el marco del Bicentenario de la Independencia esta herramienta forjará compromisos entre Estado, empresa y sociedad para armonizar el desarrollo económico con el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos. Ello favorecerá la incorporación del Perú a la OCDE, lo que nos colocará en una posición más competitiva.

De esta manera, este Plan contribuirá a que las empresas maximicen sus aportes positivos a la sociedad, protejan su reputación y puedan crear más valor. Asimismo, a la reducción de costos, la creación de una cultura de cumplimiento y a reducir los riesgos de conflictividad social. También permitirá optimizar su productividad, puesto que el respeto de los derechos humanos mejora la calidad del trabajo, generando un impacto en la micro, pequeña y mediana empresa.