Beneficios y desafíos del uso del mecanismo de Obras por Impuestos
La coyuntura política del país demanda tomar medidas que den nuevos aires a la economía e incrementen la competitividad del país. Recientemente, el Estado peruano ha establecido objetivos prioritarios en un Plan Nacional de Competitividad y Productividad que orientan la formulación de medidas para la elaboración de un Plan Multisectorial de Competitividad. Los nueve objetivos son infraestructura, capital humano, innovación, financiamiento, mercado laboral, ambiente de negocios, comercio exterior, institucionalidad y sostenibilidad ambiental. El cumplimiento en conjunto de estos objetivos es primordial para nuestro desarrollo.
La infraestructura es una herramienta efectiva para incrementar los niveles de competitividad del país. El Banco Interamericano de Desarrollo señala que es un determinante esencial de la productividad y del crecimiento, ya que ayuda a reducir los costos de transporte, expande el mercado y facilita la transmisión de información y conocimiento.
Sin embargo, uno de los puntos que frena la inversión en infraestructura está relacionado a los proyectos mal estructurados y ejecutados, que inciden en el bajo nivel de ejecución de inversiones, cada entidad con respuestas distintas a sus indicadores.
Según el Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe del 2019, la percepción de calidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe está por debajo de las demás regiones en el mundo, y el Perú solo supera a nuestros pares sudamericanos de Bolivia y Venezuela.
En la mayoría de las entidades que tienen inversiones mal estructuradas y ejecutadas, esto incide en el nivel de ejecución de proyectos de inversión, que en el último decenio en promedio fue del 70,1%, siendo los gobiernos locales y regionales los más bajos con 64,2% y 67,4%, según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
En este contexto, dado el buen desempeño del sector privado, como motor de la economía peruana en los últimos años, es primordial su participación en la ejecución de obras y servicios públicos de manera eficiente y eficaz.
Dicho esto, el Estado peruano tiene la opción de hacer partícipes a los privados en infraestructura pública, mediante la modalidad de Obras por Impuestos, una interesante herramienta de gestión pública.
El mecanismo de Obras por Impuestos, creado en el Perú en el 2008 mediante la Ley N° 29230, permite a las empresas privadas financiar la ejecución de proyectos de inversión pública con cargo a su impuesto a la renta de tercera categoría. Dicho de otro modo, la empresa financia y ejecuta una obra de calidad hoy y paga sus impuestos a la Sunat con certificados (CIPGN /CIPRL) otorgados por el MEF, previa conformidad de la entidad.
Es decir, que los ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y las universidades públicas, además de los mecanismos tradicionales, pueden hacer uso de la modalidad de Obras por Impuestos para ejecutar proyectos de calidad. El monto total invertido será retribuido por la entidad pública sin intereses, en el caso de los ministerios será con cargo a sus recursos y en las entidades subnacionales con cargo al 30% de sus ingresos futuros estimados de canon.
Las Obras por Impuestos tienen varios beneficios tanto para la entidad pública como para la empresa privada y, sobre todo, para la población que accede a los servicios públicos.
El mecanismo permite que la entidad pública obtenga un presupuesto adicional de inversiones para ejecutar obras sin desestabilizar los compromisos fiscales; en el caso de los ministerios que tengan capacidad presupuestal y para las entidades subnacionales tomando en cuenta los topes máximos de capacidad anual publicados por el MEF. Los proyectos viables en el Invierte.pe los prioriza el Concejo Municipal/Regional/Universitario o el titular del ministerio. A su vez, a la empresa privada le permite identificar un proyecto priorizado que sea de su interés social para financiarlo y ejecutarlo, así identifican el destino puntual de sus impuestos y mejoran su estrategia de responsabilidad social.
Con el mecanismo se libera recursos humanos y presupuestales de las entidades públicas producto de la atomización de proyectos. Es así que mientras van desarrollando sus inversiones con el mecanismo tradicional, el proyecto priorizado por Obras por Impuestos va ejecutándose a la par con un ritmo más rápido y con la supervisión independiente contratada por la entidad pública. Además, para la empresa privada la calidad del proyecto es de mayor o igual interés que para la entidad pública, puesto que tienen el compromiso en dejar un legado y que su marca mejore su reputación en la zona de intervención.
En Obras por Impuestos los riesgos son compartidos. Por ejemplo, los riesgos de ejecución se trasladan a la empresa privada; es decir, la empresa es responsable en seleccionar a un contratista especialista en ejecución de obras con los requisitos establecidos en las bases. El trato directo entre el contratista y la empresa privada permite mayor transparencia y agilidad en la ejecución, además se reduce los riesgos de vinculación de actos de corrupción para los funcionarios y empresarios, pues no existe flujo de dinero entre la entidad pública y la empresa privada.
Asimismo, vale añadir que en comparación al mecanismo tradicional, en Obras por Impuestos es un punto valioso de transparencia y control la intervención de la Contraloría con un Informe Previo, en el que se evalúa toda la documentación técnica, legal y financiera, que entre sus principales puntos tiene el saneamiento físico legal, los precios unitarios conforme a los lineamientos de inversión pública, sostenibilidad de los proyectos, uso de los documentos estandarizados, entre otros.
En este camino, ProInversión, ente promotor de la inversión privada en el país, ha estado y está más cerca de las entidades público-privadas, puesto que también tiene participación descentralizada, cumpliendo un rol importante en la asistencia técnica y acompañamiento para la correcta aplicación del marco normativo y articular las buenas relaciones entre entidad pública y empresa privada en los más de 374 proyectos por más de S/ 4,384 millones comprometidos en el mecanismo, siendo beneficiados más de 15 millones de peruanos.
Considero que aún hay desafíos como generar un mayor compromiso de los involucrados en aplicar mecanismos distintos de ejecución de proyectos que contribuyan en el desarrollo del país. Además, desde los distintos espacios que nos encontremos hay que generar conocimiento del mecanismo en la población, de modo que genere confianza a sus autoridades, funcionarios y de los mismos empresarios para su correcto uso.
Es importante que los proyectos sean de alto impacto social y sean sostenibles en el tiempo, para ello las entidades públicas están llamadas a priorizar proyectos con estudios de calidad que contemplen todos los lineamientos de Invierte.pe, primordialmente con su saneamiento físico legal correspondiente, de modo que desde el nacimiento del proyecto se pueda gestionar bien los posibles riesgos; las empresas evalúan con mayor detenimiento la calidad de proyectos.
Las grandes empresas privadas que participen en el mecanismo que no son del rubro de la construcción tienen un equipo especial de proyectos públicos que dan seguimiento a los proyectos. La casuística sugiere que las empresas que participen deberían de tener un especialista que tenga los conocimientos técnicos y legales del mecanismo para un mejor entendimiento del proceso.
El liderazgo de las autoridades de las entidades públicas y sus equipos de trabajo son vitales, puesto que para que un proyecto finalice correctamente participan varios sistemas administrativos de cada entidad y todos ellos deben de moverse con un objetivo común, la eficiencia y eficacia en los procesos; todo esto se logrará con un buen liderazgo.
Finalmente, Obras por Impuestos es una herramienta de gestión que pueden hacer uso las entidades públicas con empresas privadas que buscan ejecutar más y mejores inversiones; por ende, mejorar los indicadores de ejecución de inversiones en el sector público.
