Carlos Tirado Tejada, analista técnico de ProInversión

La brecha en infraestructura para el periodo 2016-2025, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), es de US$ 159.549 millones. Frente a ello nos podemos poner a pensar en la cantidad de dinero que necesita promover el Estado a través de los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales para poder cerrar esa brecha.

Uno de los principales problemas que afrontan las entidades públicas, y que lo repiten en todo momento, es que el presupuesto asignado no les alcanza para poder ejecutar todos los proyectos que han planificado; es por ello que los titulares de las entidades van a Lima a hacer las gestiones en los ministerios.

El Estado peruano cuenta con dos tipos de inversión para la ejecución de proyectos: la inversión pública a través del Invierte.pe y la inversión privada a través de Obras por Impuestos, Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

En cuanto al tema de la inversión privada es aquella que proviene de personas naturales y/o jurídicas que pueden ser nacionales o extranjeras, distintas del Estado peruano y de los organismos que integran el sector público y de las empresas del Estado.

En el caso de Obras por Impuestos (Ley N° 29230) es una forma de pago del Impuesto a la Renta por el que las empresas pueden optar; es decir, la empresa en lugar de pagar su impuesto, lo paga a través de la ejecución de un proyecto de inversión en una localidad municipal o regional, sin que el gobierno regional, gobierno local o universidad pública deban movilizar hoy fondos públicos. Es decir, brinda una línea de crédito adicional para la ejecución de proyectos de inversión. Estos proyectos deben tener la viabilidad en el Invierte.pe y deben ser priorizados en sesión de Consejo. La entidad pública realiza el pago por el financiamiento del proyecto a través de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL). Las fases de este mecanismo son: priorización, actos previos, proceso de selección y ejecución.

Las Asociaciones Público Privadas (APP), según el Decreto Legislativo N° 1362, son modalidades de participación de la inversión privada en las que incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos. Se clasifican en Autofinanciados (cuentan con capacidad propia de generación de ingresos) y Cofinanciadas (que requieren cofinanciamiento del Estado). Las APP se originan por Iniciativa Estatal (originadas por el Estado a través del Informe Multianual de Inversiones en APP-IMIAPP) y por Iniciativa Privada-IP (originadas por el sector privado). Las fases de este mecanismo son: planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual.

Los Proyectos en Activos, teniendo en cuenta el Decreto Legislativo N° 1362 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF, es un mecanismo de promoción de la inversión privada que permite a los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales, promover la inversión privada a través de sus activos. Un activo es cualquier bien material o inmaterial que es propiedad de una entidad pública. Una de sus principales características es que en esta modalidad no se comprometen recursos públicos ni se trasladan riesgos a la entidad pública. Pueden originarse por medio de una Iniciativa Estatal (debe estar incluido en el IMAPP) y por Iniciativa Privada. Las modalidades contractuales de los Proyectos en Activos son a través de actos de disposición de activos (transferencia total o parcial, permuta de los bienes inmuebles) y de los actos de administración de activos (cesión en uso, arrendamiento, usufructo, derecho de superficie y otros permitidos por Ley). Las fases de este mecanismo al igual que con las APP son: planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual.

Estos mecanismos público-privados son de mucha importancia para el cierre de brechas y lograr el desarrollo nacional. Además, permiten promover la inversión privada para impulsar el desarrollo sostenible y competitividad del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, así como universidades públicas (para el caso de Obras por Impuestos).

En ese sentido, es importante que los titulares de las entidades públicas conozcan muy bien estos mecanismos para poder promover en sus entidades la aplicación de las APP, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos. Asimismo, es importante que la sociedad conozca también que existen diversos métodos para la inversión pública y mejorar los servicios públicos. Esto porque con estos mecanismos se reduce la corrupción. Además, porque permiten generar un objetivo común entre las entidades públicas y la empresa privada.

Entre los casos de éxito podemos citar los siguientes:

• En Obras por Impuestos:

Proyecto:

Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad en la Provincia de Chota, Región Cajamarca.

Empresa Financiadora:

Nestlé Perú S.A.

Entidad pública:

Gobierno Regional de Cajamarca

Monto de inversión:

S/ 11’167,811

Descripción:

A la fecha es el único proyecto de este tipo en todo el Perú. Los beneficiarios son un total de 902.239 personas (entre niños, niñas y madres gestantes). Este proyecto ayuda a contribuir en mejorar el crecimiento y desarrollo de las niñas y niños menores de 5 años desde la gestación, a través del fortalecimiento de los procesos y del capital humano, en las áreas de crecimiento y desarrollo (CRED).

• En Proyectos en Activos:

Proyecto:

Conjunto Habitacional “Las Torres de Pacasmayo”

Entidad pública:

Municipalidad Distrital de Pacasmayo

Descripción:

Se pretende construir 220 viviendas de interés social bajo los programas de Techo Propio y Mi Vivienda, en un terreno de propiedad de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.

Monto de inversión:

S/ 24 millones

Beneficios:

En general, incrementa la calidad de vida de la población del Distrito de Pacasmayo. Además que mejora el desarrollo urbano de la ciudad, contribuyendo a la solución de déficit habitacional en la ciudad de Pacasmayo.

En conclusión, podemos decir que el objetivo de la inversión pública-privada es aportar al proceso del desarrollo económico teniendo en cuenta las necesidades básicas de la población, proveyéndolos de servicios públicos de calidad y, de esta manera, mejorar los niveles de vida de la población.