Debido a las protestas por el proyecto Tía María se están generando cuantiosas pérdidas económicas, solo en la región de Arequipa se estiman en US$ 13.8 millones diarios; siendo los sectores más perjudicados turismo, servicios, comercio, agropecuario y construcción, según reporta la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Asimismo, este impacto negativo ya se ha extendido al Corredor Minero del Sur y a otros sectores económicos de la Macro Región Sur.

Estas protestas afectan, además, la imagen del país, teniendo en cuenta que hoy estamos en los ojos del mundo debido a la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, toda vez que el bloqueo de carreteras impide el desplazamiento de los turistas interesados en asistir a este importante evento.

Asimismo, la afluencia de turistas nacionales y extranjeros se ha visto afectada en un 30%, lo que es muy preocupante dado que se esperaba el arribo de 60.000 visitantes para estas fechas, impactando negativamente en los rubros de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, entre otras actividades vinculadas al sector.

Cabe mencionar que solo en turismo, en las regiones de Arequipa y Puno se estiman pérdidas diarias que alcanzan el US$ 1 millón por esta situación, según informa la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR).

En los últimos 10 a 15 años, la provincia de Islay no ha recibido inversión significativa. Si lo que se quiere es generar fuentes de trabajo para la población, la inversión es imprescindible. Lamentamos que estos 11 días de protestas estén provocando no solo pérdidas económicas en Arequipa, sino también bloqueando el inicio de un proyecto minero que puede generar empleo y desarrollo a la provincia, a la región y al país; no es momento para las confrontaciones porque necesitamos reactivar el crecimiento del Perú. La inversión del proyecto cuprífero Tía María asciende a US$ 1,400 millones.

La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios – PERUCÁMARAS exhorta a las autoridades del Gobierno Central y del Gobierno Regional de Arequipa a mantener al diálogo, no afectar los derechos de libre tránsito de las personas y de la libre empresa, y hacer que prevalezca el principio de autoridad, a fin de que puedan cesar las protestas y conflictos sociales, y garantizar a la población que exista una actividad minera con responsabilidad socioambiental.

Lima, 26 de julio de 2019