Además de la baja ejecución de gasto y, en algunos casos, la mala calidad de las inversiones que realizan los gobiernos regionales y locales -si es que no están tocadas por actos de corrupción, afectando la competitividad regional-, tenemos el incumplimiento de la ley que obliga a dichos gobiernos a invertir el 30% de su canon y regalías en las comunidades, y así contribuir directamente a prevenir los conflictos generados por la población cercana a los asientos mineros (como viene ocurriendo en Las Bambas) por la falta de atención a sus servicios básicos, como resultado de una flagrante ausencia del Estado. En ese sentido, el Ejecutivo ha anunciado que presentará un proyecto de ley para modificar la distribución de esos recursos.

La propuesta normativa plantea modificar la distribución del canon minero, a fin de que sea usada eficientemente por las regiones, dado que si bien la ley exige que el 30% del canon sea destinado a las comunidades, en la práctica no se cumple. También se está evaluando autorizar que se use el canon en gastos corrientes para mantenimiento y operación, y no solo en gastos de inversión.

Según los impulsores de esta propuesta, no tiene mucho sentido enfocarse solo en gasto de inversión, pues no vale tener el mejor colegio u hospital, si no se dispone de carpetas, útiles escolares, de equipos médicos y personal para su debida atención. “Bajo este enfoque necesitamos colocar un porcentaje del canon, que es volátil, para el gasto en mantenimiento y operación”, concluyeron.

Al respecto, el Presupuesto del Sector Público para el presente año señala que el monto total por canon minero, gasífero, hidroenergético, forestal y pesquero, canon y sobrecanon petrolero, regalías y participaciones suma S/ 8,897 millones, reflejando un aumento de 16,7% con relación al 2018. De ese total, S/ 1.583 millones corresponden al gobierno nacional (17,8%), S/ 2.329 millones a los gobiernos regionales (26,2%) y S/ 4.984 millones a los gobiernos locales (56%).

Asimismo, según el MEF, entre agosto del 2016 y junio del 2018, el 97% de las regalías se asignó a gobiernos subnacionales y apenas el 3% al gobierno nacional. De los S/ 500 millones que en el periodo recibieron estas instituciones solo se ejecutaron S/ 260 millones; es decir, apenas un poco más de la mitad.

Como referencia, en el caso de la región de Apurímac, donde precisamente se ubica el proyecto minero Las Bambas, en dicho periodo recibió en regalías S/ 514 millones. El nivel de ejecución de estos recursos fue más bajo en esta región que la ejecución promedio regional de casi 60% y que el promedio nacional de 68% durante los años 2016 y 2017. Situación que ha sido denunciada oportunamente por la Cámara de Comercio de Apurímac.

Las cámaras de comercio regionales consideran que frente a esta realidad, sin duda, resulta sensata una distribución más racional del canon y las regalías, privilegiando la atención de las comunidades cercanas a la zona de influencia donde se explotan nuestros recursos naturales. No obstante, teniendo en cuenta la poca capacidad de gasto de las regiones y municipios, el proyecto del Ejecutivo debe considerar mecanismos para mejorar la calidad del gasto, ahora incluyendo a las comunidades. Así como la necesidad de implementar una real veeduría ciudadana, conformada por la sociedad civil organizada, que participe durante todo el proceso de formulación y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión.

En el 2018, por ejemplo, las regiones del norte, es decir, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes solo ejecutaron el 65,6% de los S/ 2,435.6 millones asignados por canon y regalías. Por su parte, las regiones del sur (Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna) solo ejecutaron el 74% de los S/ 4,777.6 millones asignados.

Se constata así que uno de los problemas que tienen los gobiernos subnacionales es que en la mayoría de los casos carecen de capacidad no solo para la elaboración y ejecución de los proyectos de inversión, sino para asegurar que, concluida las obras, efectivamente sirvan a las comunidades más vulnerables.

Frente a ello, las cámaras de comercio regionales reiteran la necesidad de incluir en el proyecto el necesario apoyo a las regiones y, en este caso, a las comunidades y sociedad civil organizada para la elaboración de los respectivos proyectos de inversión, así como para su implementación y mantenimiento; además de darle un rol más activo al mecanismo de veedurías ciudadanas