Apurímac ahora enfrenta un paro que está impactando drásticamente en su economía, que se suma a las pérdidas económicas que está ocasionando el bloqueo del corredor minero, por lo que pedimos a las autoridades del Gobierno Central su inmediata intervención para que este conflicto no se prolongue más, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac, Edward Palacios Vásquez.

“Son casi 60 días de paralización donde el gran perdedor no solo es la región de Apurímac, sino todo el Perú. Necesitamos en estos momentos que se imponga el principio de autoridad dentro del marco de la legalidad y el respeto, basado fundamentalmente en el dialogo y la comunicación. Ahora a este conflicto social, que solo involucraba a la comunidad de Fuerabamba, se han sumado más comunidades que reclaman un ‘cupo’ para recibir dinero, cuando lo que deberían reclamar son oportunidades de desarrollo basadas en actividades económicas generadas por los gobiernos Central y subnacionales”, expresó.

El titular del gremio empresarial advirtió que este paro es convocado por varios frentes de defensa, pero son un grupo pequeño frente a los 405,749 pobladores de Apurímac, donde hay un grueso de la población que no está de acuerdo en paralizar actividades.

Se está afectando al sector privado que son precisamente los que mueven la economía. Que se explique por qué una protesta se convierte en el pretexto para atentar contra la propiedad privada con actos de vandalismo, o de privar los derechos de los ciudadanos a no querer acatar dicho paro que lo perjudica en su actividad comercial”, lamentó.

En ese sentido, Palacios Vásquez exigió a las autoridades tomar acciones que permitan a la región retomar sus actividades.

“Lamentablemente, se vienen tomando acciones que no creemos que lleguen a buen puerto y que debilitan cada vez más al Gobierno, y eso pone en peligro el Estado de Derecho. Por ejemplo, declaran el Estado de Emergencia en la zona de conflicto y al mismo tiempo retiran a las fuerzas del orden; entonces, para que se declara el Estado de Emergencia si no se pretende hacer respetar el principio de autoridad y el cumplimiento irrestricto de la Ley”, señaló.

Agregó, “necesitamos que la mina retome sus actividades, después de cumplir con los acuerdos a los que se comprometieron, y si es que ya lo hicieron entonces que se busque la manera de que las comunidades lo entiendan. Necesitamos renegociar el canon minero por el tema de la depreciación anticipada. Además, que el Estado se comprometa y cumpla su rol desarrollando carreteras interprovinciales, impulsando actividades sostenibles, además de pagar los justiprecios que están en deuda. Asimismo, procesar a quienes están infringiendo la Ley”.