El reciente aumento del sueldo presidencial en más de 120%, que elevó la remuneración de Dina Boluarte a S/35,568, ha reavivado el debate sobre los criterios para fijar los ingresos en el sector público.
Aunque el Ejecutivo sostiene que este monto se justifica como una proyección jerárquica por encima del salario de un ministro, distintos indicadores económicos muestran desajustes. En comparación con otras economías latinoamericanas, Perú presenta la mayor desproporción entre el salario presidencial y el ingreso promedio de su población: 16.5 veces, superando a México (16.0), Brasil (13.5) y Chile (10.0).
El sueldo de la presidenta incluso es más alto que países con un mayor desarrollo económico como México, Chile, Brasil y Argentina. Además, Perú ocupa el penúltimo lugar regional en eficiencia fiscal, con una recaudación equivalente al 19.1% del PBI, por debajo de Bolivia (28.4%) y Colombia (28.2%).
Si bien la productividad de un presidente no se mide como la de un trabajador o empresa, es posible evaluar su gestión mediante resultados observables. En este contexto, el incremento salarial contrasta con el desempeño comparado del país en materia de equidad y capacidad recaudatoria.
Sin respaldo ciudadano:
Tampoco los indicadores de gobernabilidad respaldan el alza salarial de la presidenta Boluarte. Según el Latinobarómetro de 2024, solo el 7% de los peruanos confía en la presidencia, el porcentaje más bajo de América Latina. Incluso países con menor desarrollo económico, como Honduras (16%) y Guatemala (23%), registran cifras superiores.
En materia de seguridad, aunque Perú ocupa una posición intermedia en violencia (46%), la percepción de aumento de la delincuencia alcanza el 92%, solo superada por Chile. Estos indicadores reflejan una desconexión entre el aumento de la remuneración presidencial y la percepción ciudadana sobre la gestión del Ejecutivo. La decisión también contrasta con otros factores como la baja eficiencia fiscal y la desproporción salarial frente al ingreso promedio nacional.